El proyecto que busca modificar la Ley 27.799, conocida por incorporar el régimen de Inocencia Fiscal, continúa generando debate entre especialistas tributarios. En este contexto, la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas (FAGCE) presentó una serie de observaciones al Ministerio de Economía con el objetivo de perfeccionar la iniciativa y garantizar que los beneficios prometidos por el régimen puedan aplicarse de manera efectiva.
Las propuestas fueron elevadas en la antesala de una reunión entre el Ministro de Economía y destacados tributaristas, donde se analizarán los alcances del proyecto.
El principal cuestionamiento: la continuidad de las fiscalizaciones
Uno de los puntos que más preocupación genera es la incorporación del artículo 42 ter al proyecto de reforma.
Según la FAGCE, esta disposición permitiría que continúen las órdenes de intervención, determinaciones de oficio y otros procedimientos iniciados por el organismo recaudador antes de que el contribuyente adhiera al régimen simplificado.
La Federación sostiene que esta previsión contradice el espíritu de la propia Ley 27.799, cuyo artículo 40 establece una presunción de exactitud sobre las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes respecto de los períodos no prescriptos.
En otras palabras, uno de los principales beneficios ofrecidos por el régimen consiste en otorgar mayor seguridad jurídica al considerar válidas las declaraciones juradas, salvo que existan diferencias relevantes detectadas por la administración tributaria. Mantener fiscalizaciones iniciadas con anterioridad podría limitar significativamente ese beneficio.
Por este motivo, la entidad solicitó eliminar el artículo 42 ter del proyecto, entendiendo que su permanencia debilita el principio de «inocencia fiscal» que dio origen a la reforma.
Revisión del régimen de multas
Otro de los aspectos planteados por la Federación está relacionado con el sistema sancionatorio previsto en la Ley de Procedimiento Fiscal.
Si bien reconoce que los importes de las multas necesitaban una actualización luego de varios años de inflación, considera que los nuevos valores incorporados por la Ley 27.799 podrían resultar desproporcionados para pequeños contribuyentes y empresas de menor tamaño.
Como alternativa, la FAGCE propuso establecer un esquema de multas escalonado, contemplando variables como:
- El tamaño del contribuyente.
- Su historial de cumplimiento fiscal.
- La conducta tributaria registrada.
- Otros indicadores que permitan aplicar sanciones de manera más equitativa.
El objetivo es que las penalidades sean proporcionales a la capacidad económica y al comportamiento de cada contribuyente, evitando que una misma sanción tenga impactos muy diferentes según el perfil del obligado.
Un debate que puede modificar el alcance del régimen
Las observaciones formuladas por la FAGCE ponen el foco en dos aspectos centrales del proyecto: la seguridad jurídica y la razonabilidad del régimen sancionatorio.
De prosperar estas modificaciones, el régimen de Inocencia Fiscal podría ofrecer mayores garantías para quienes decidan adherirse, reforzando uno de los principales objetivos de la reforma: brindar previsibilidad y reducir la litigiosidad entre contribuyentes y la administración tributaria.
El rol del asesoramiento profesional
Mientras el proyecto continúa en análisis legislativo, resulta fundamental seguir de cerca su evolución para comprender cómo impactarán los cambios en la planificación fiscal de empresas y contribuyentes.
En Estudio Piccinini y Asociados monitoreamos permanentemente las novedades tributarias para brindar asesoramiento actualizado y acompañar a nuestros clientes en la correcta interpretación de las nuevas disposiciones, evaluando las oportunidades y riesgos que cada modificación normativa puede generar.