La reforma laboral sumó un nuevo capítulo. La Justicia Nacional del Trabajo suspendió provisoriamente más de 80 artículos de la Ley 27.802, tras un planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT).
El Gobierno ya adelantó que apelará la decisión.
¿Qué resolvió la Justicia?
El fallo, dictado en una medida cautelar, frena la aplicación de varios cambios a la Ley de Contrato de Trabajo hasta que haya una sentencia definitiva.
El juez consideró que podría haber una violación de derechos laborales básicos, especialmente por el principio de:
- No regresividad (no se pueden reducir derechos ya adquiridos)
- Control de constitucionalidad y de tratados internacionales
- Protección del trabajo (art. 14 bis de la Constitución)
Además, reconoció a la CGT como representante válida de los trabajadores en este tipo de reclamos colectivos.
¿Qué cambios quedaron suspendidos?
Aunque la medida es provisoria, impacta en puntos sensibles de la reforma:
- Plataformas digitales: se excluía a ciertos trabajadores de la ley laboral
- Principios protectores: se debilitaban reglas como el “in dubio pro operario”
- Antigüedad: se limitaba el reconocimiento de años trabajados
- Relación laboral: se hacía más difícil probarla
- Tercerización: se reducían responsabilidades empresariales
- Condiciones de trabajo: cambios en jornada, banco de horas e ius variandi
- Indemnizaciones: modificaciones en el cálculo y creación de un fondo de cese
Para el tribunal, estos puntos podrían implicar una reducción del nivel de protección laboral.
¿Es una decisión definitiva?
No. Es una medida cautelar, es decir, temporal.
El objetivo es mantener la situación actual hasta que se analice el fondo del asunto con mayor profundidad.
¿Qué hará el Gobierno?
El Ministerio de Capital Humano confirmó que apelará el fallo, por lo que el tema seguirá en discusión judicial.
En síntesis
- La reforma laboral enfrenta un freno judicial importante
- Se cuestiona si reduce derechos protegidos constitucionalmente
- El conflicto ahora pasa a una nueva instancia judicial
El debate de fondo sigue abierto: modernización laboral vs. protección de derechos. La última palabra todavía no está dicha.